Autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y familiares de víctimas de la delincuencia del estado de Morelos y Guerrero se dijeron engañadas por el Gobierno del Estado y acusaron a los funcionarios estatales de desinterés para coadyuvar a que se esclarezca el asunto de las fosas de Tetelcingo; anunciaron que pedirán la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR).
Luego de sostener una reunión de más de cinco horas en la sede del Poder Ejecutivo con el Secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina y ante la ausencia de Javier Pérez Durón, Fiscal General a quien exigieron su presencia inmediata, Javier Sicilia Zardain, secretario de Extensión de la UAEM relató que dichas autoridades se retiraron sin siquiera avisar a los asistentes y sin llegar a un acuerdo respecto a las demandas y compromisos que solicitaba la UAEM respecto a la fosas.
Entre los acuerdos a los que pretendían llegar los familiares de las víctimas y que quedó sin firmar por parte de los funcionarios, destacan la colaboración de la máxima casa de estudios para la identificación de los cadáveres encontrados en las fosas, en las que aseguran existen 150 cadáveres y no 105 como lo confirmó la Fiscalía; la disculpa pública de Graco Ramirez Garrido Abreu a la familia de Oliver Wenceslao, quienes descubrieron las fosas; la inmediata comparecencia del ex Fiscal Rodrigo Dorantes Salgado y además que el Gobierno asumiera los gastos que las investigaciones generarían, los cuales fueron objeto de regateo por parte de Matías Quiroz quien se retiró y dejó en el diálogo a dos funcionarios menores.
Los familiares de Oliver Wenceslao y demás víctimas se dijeron burlados y engañados por parte de las autoridades y expresaron que apoyar dichas propuestas hubiera sentado un precedente debido a que el hallazgo de cadáveres preocupa a los familiares de víctimas de toda la República Mexicana.
Respaldados por el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, después de dicha reunión sostuvieron que pedirán que la PGR atraiga el caso e hicieron responsable al Ejecutivo en caso de que atenten contra la integridad del mismo rector o de los familiares de las víctimas que pugnan porque se esclarezca el caso.
-Aurelia Torres-
